En el nuevo consejo de ministros que lideró durante la noche del martes 17 de junio, el presidente de la República, Gustavo Petro, se volvió a referir a la negativa del registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, de no convocar a su consulta popular a la espera del pronunciamiento de las altas cortes sobre su legalidad, luego de que el mandatario la invocara mediante decreto.
“El registrador no tenía ningún derecho a decir lo que dijo. Está en una situación de sedición contra el presidente de la República y quiero las acciones jurídicas, eso no se hace”, anunció el jefe de Estado.
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Fue en la mañana del mismo martes que en una rueda de prensa que Penagos informó de su decisión de no iniciar ese proceso en las urnas hasta que las máximas instancias judiciales se pronuncien por la inusitada situación legal del mecanismo de participación ciudadana con el que el mandatario espera que se refrende en las urnas buena parte de la reforma laboral que fue archivada en la Comisión VII del Senado a mediados de marzo.
“Lo correcto, lo pertinente, es dejar en manos de las altas cortes para que decidan si continuamos o no con la consulta popular (...) Ante todo quiero invitar a las altas cortes para que de manera muy rápida y ágil puedan entregarle a Colombia una decisión de fondo”, expresó.
En el diálogo que sostuvo con periodistas el registrador indicó que contra el decreto presidencial para llamar a la consulta popular hay 10 acciones de nulidad simple, 34 por inconstitucionalidad y 97 acciones de tutela.
Sobre esa situación legal, Penagos sostuvo que estaba en “juego el principio de separación de poderes" y se requería con urgencia que se dirimiera en los altos tribunales.
“Cuando existen controversias jurídicas entre dos ramas es donde deben llegar los jueces a tomar la decisión que corresponda”, reiteró.
Sin embargo, para Petro se trata de una intromisión por parte del registrador, que calificó de operador que debía acatar la decisión presidencial que, aseguró, tiene “presunción de legalidad”.
“Que hasta que se pronuncie... No señor, todo funcionario cumple el decreto y la ley”, aseveró en la reunión con su gabinete.
Recordó, sin embargo, que hay posibilidad de que retire la iniciativa dependiendo de la decisión que se tome en el Congreso sobre la resucitada reforma laboral que se aprobó en la plenaria del Senado que se llevó a cabo el mismo martes y que ahora pasa a conciliación con la Cámara de Representantes.
“De pronto me pronunció yo primero. Todo depende del debate en el Senado y el Congreso de la República. Alrededor de estos temas, nosotros no retrocedemos en nuestra misión de defender el derecho de los y las trabajadoras de Colombia, del pueblo trabajador, tanto el que llaman formal como el que llaman informal”, señaló.
Más temprano ya había calificado de sediciosa la decisión de Penagos en su cuenta oficial de la red social X.
“Independientemente de la decisión que tome la corte constitucional, guardiana, por orden de la constitución, de las consultas populares (...) el decreto que he fiirmado (...) goza de presunción de legalidad, y es obligatoria su aplicación, lo demás es sedición y, solicito a toda la corriente de abogados democráticos iniciar acciones pertinentes, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico [sic]”, trinó.
En la misma publicación aseguró que en la Registraduría estaban tomando partido, cuando sus funcionarios ni siquiera eran escogidos en las urnas.
“A diferencia de otros gobiernos, en éste, solo por ser de origen diferente, se ha decidido por funcionarios que no comulgan con las órdenes del voto popular del año 2022 y que no son siquiera de elección popular, vaciar de poder, la presidencia, e ilegitimarla con falsedades, para generar un golpe institucional [sic]”, sostuvo en la red social.
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